Aprobada inicialmente en 2018, la ley EGAlim pretende promover "un equilibrio en las relaciones comerciales entre la industria agroalimentaria y la gran distribución". El 30 de marzo de 2023, Egalim III (o ley Descrozaille) reforzó el marco jurídico de las negociaciones entre minoristas y proveedores, y no solo entre productores agrícolas.
Analizamos los retos de esta última versión y su impacto en el sector minorista.
En esta tercera versión, el legislador introduce una serie de disposiciones que contribuyen a reequilibrar la relación de fuerzas entre las partes que intervienen en las negociaciones comerciales. Pueden resumirse del siguiente modo:
Fuentes :
Las medidas introducidas por EGAlim 1 y 2 se amplían con EGAlim 3.
Bienes de consumo
Productos alimentarios
Con el objetivo de proteger a las industrias francesas, EGAlim III también regula las promociones aplicadas por los supermercados en los productos de gran consumo no alimentarios. El tope del 34% ya estaba en vigor en los productos de alimentación desde 2018, pero ahora se aplica a la sección de productos de gran consumo (droguería, perfumería, higiene).
El objetivo del Gobierno es proteger a las PYME francesas cuya existencia se ve amenazada por la presión sobre los precios impuesta por los minoristas. Los minoristas siguen teniendo derecho a ofrecer descuentos en las tiendas, pero ahora están regulados por ley, al igual que en el caso de los productos alimentarios. Por tanto, la protección de los márgenes de los fabricantes debe beneficiar a toda la industria alimentaria.
En febrero de 2024, Bruno Le Maire anunció controles masivos de los contratos de distribución para verificar la aplicación del Egalim III, con la posibilidad de imponer importantes sanciones financieras en caso de incumplimiento. ¡Porque la cólera crece en el mundo agrícola! Y con razón, EGAlim se centra en gran medida en las relaciones entre proveedores y distribuidores. Para ajustarse a los precios impuestos por los supermercados, los fabricantes tienden a sacrificar los márgenes de sus proveedores antes que los suyos propios, lo que en algunos casos se traduce en una falta total de resultados.
Pero éste no es el único escollo al que se enfrenta la ley. En concreto, las autoridades apuntan a un acuerdo financiero: algunas cadenas han creado centrales de compra en el extranjero para evitar las limitaciones impuestas por Egalim III a las compras. Las marcas distribuidoras se benefician a menudo de este abastecimiento a menor coste, que aumenta la rentabilidad de los distribuidores en sus propios productos. Un esquema de este tipo socava todos los objetivos de equidad fijados por el legislador.
Conviene señalar aquí que Egalim es una ley francesa y que las acciones mencionadas no son necesariamente contrarias a la legislación europea. En este caso, se están creando canales de suministro a través de asociaciones intraeuropeas, especialmente con España. Como ocurre a menudo, la cuestión del Derecho europeo está, pues, en el centro de los retos financieros y jurídicos a los que se enfrentan las empresas francesas. El Presidente francés, Nicolas Sarkozy, fue inequívoco cuando calificó a los grupos de compra europeos de "burlar la legislación francesa".
La inflación es otra limitación que Egalim no aborda: mientras que los contratos públicos suelen prever un posible aumento del precio (a menudo limitado al 5%) en caso de inflación comprobable y la presentación de los justificantes adecuados, los contratos de los supermercados tienden a ignorar esta medida de sentido común. Son entonces los fabricantes, y en consecuencia los agricultores, quienes pagan el precio.
Por ello, los agricultores están en gran medida insatisfechos con la situación actual, y la nueva versión prevista para el verano de 2024 deberá centrarse principalmente en la producción agrícola.
Por su parte, los supermercados franceses se sorprenden de estar sometidos a tanta presión, mientras que el sector de la restauración está aún lejos de alcanzar sus objetivos EGAlim.
Además, los distribuidores piden al legislador que obligue a los fabricantes a negociar sus compras con los agricultores antes de entablar negociaciones anuales con los minoristas, asumiendo así la responsabilidad de los niveles de remuneración impuestos a los agricultores.
De hecho, la legislación actual no obliga a los proveedores a dar a conocer a los distribuidores los precios de compra de sus materias primas. Los distribuidores preferirían que se estableciera la transparencia en este ámbito, para no tener que pagar el precio de las prácticas comerciales puestas en marcha por los fabricantes.
Por último, en cuanto a los grupos de compra europeos, los supermercados recuerdan que estos mecanismos existen en otros sectores y son precisamente los que permiten a las empresas francesas defenderse de los gigantes estadounidenses o chinos.
